El portavoz municipal, Adrián Hernández, lamenta que el equipo de gobierno haya aplicado “de forma unilateral” la Inspección Técnica de Facturación (ITF), lo que ha provocado el anuncio de un ERE para diciembre
7 de noviembre de 2018. El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sabadell, Adrián Hernández, ha anunciado que la formación naranja “nunca apoyará cualquier medida que afecte tanto a la calidad del servicio como a la plantilla de Smatsa”, concesionaria de la gestión y recogida de basuras de la ciudad. El equipo de gobierno ha aplicado “de forma unilateral” un nuevo sistema denominado Inspección Técnica de Facturación (ITF) que reducirá los ingresos, lo que ha llevado a la empresa – la principal concesionaria municipal-, a presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que entrará en vigor el próximo 1 de diciembre y que implicará despidos o cambios de turno todavía por determinar.
Adrián Hernández ha incidido en que, aunque tanto la empresa como el anterior gobierno municipal socialista están ahora siendo investigados por los tribunales por presuntas irregularidades, “debe ser la justicia quien dirima si existieron o no los presuntos delitos que se investigan actualmente, tanto los que se atribuyen a la empresa como al gobierno socialista”. El edil ha insistido en que “esta lamentable situación y los escándalos por supuesta corrupción nunca debe repercutir ni en el servicio de limpieza urbana y recogida de basuras que se presta a los ciudadanos de Sabadell, ni en el mantenimiento de los puestos de trabajo del personal de Smatsa”.
El portavoz de Cs ya reclamó el pasado mes de junio al actual equipo de gobierno que paralizara “cualquier acción que pudiera poner en peligro la limpieza de la ciudad y los empleos de los trabajadores” de Smatsa mientras no hubiera una resolución judicial del conflicto, ha recordado Hernández. El concejal ha lamentado que, aunque “el problema es fruto de una mala gestión previa”, el cuatripartito ha olvidado su promesa de que no se perderían puestos de trabajo y ha desatendido su llamada “al sentido común y al diálogo” para evitar que tanto la ciudad como las 400 familias empleadas por Smatsa “sufran las consecuencias”.