La diputada de Cs, María Valle, presenta una propuesta de resolución argumentando que la medida “paliará la grave situación de sobrecarga de trabajo” del resto de tribunales y “mejorará el servicio” a la ciudad
28 de septiembre de 2018. El Grupo Parlamentario de Ciudadanos (Cs) ha presentado en el Parlament una propuesta de resolución instando a la Generalitat a que “adopte las medidas necesarias para la efectiva implantación y la entrada en funcionamiento de los juzgados 9 y 10 de primera instancia de Sabadel antes de que finalice 2018”, ha explicado la diputada Maria Valle. La iniciativa recuerda que los nuevos equipamientos podrán “paliar la grave situación de sobrecarga de trabajo en que se encuentran el resto de juzgados y a su vez disminuir los retrasos de los asuntos judiciales que se tramitan”, de forma que se dará “un mejor servicio a los ciudadanos que necesitan acudir a estos juzgados para solucionar sus conflictos”.
El portavoz del Grupo Municipal de Cs en el Ayuntamiento de Sabadell, José Luis Fernández, ha destacado que “la Junta de Portavoces de Sabadell ha aprobado una iniciativa en la misma línea” dada “la imperiosa necesidad de que se lleve a cabo la ampliación de los Juzgados en el municipio”, ya que “los funcionarios de Sabadell sufren una sobrecarga de trabajo debido al aumento de población y a que el municipio es cabeza de partido judicial con competencia sobre los conflictos de 9 poblaciones diferentes”. Actualmente el edificio judicial de la avenida Francesc Macià alberga 21 juzgados, y la ampliación se ha aplazado sine die pese a que “solo está pendiente de que la Generalitat destine los medios materiales necesarios”, ha aclarado Fernández.
La propuesta de Cs añade que “los responsables políticos del Departamento de Justicia no han venido dando prioridad a dicha dotación recursos”, lo que contrasta con “algunas de las preferencias presupuestarias de la Administración de la Generalitat en materia de justicia, como ha sido la ilegal contratación, por más de 88.000 euros anuales de inspectores que ponían en riesgo la independencia del Poder Judicial”.
Finalmente, tanto Fernández como Valle han recordado que el buen funcionamiento de la administración de Justicia es competencia de la Generalitat y “una exigencia como garantía del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, una reclamación social y una condición indispensable para la adecuada marcha de la economía”. Además, el Govern se comprometió a poner en funcionamiento dichos juzgados antes de finalizar este año y el incumplimiento “agravará los problemas existentes e incrementará los retrasos de las tramitaciones de los expedientes, con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos”.