● El Grupo Municipal calcula que los pagos podrían alcanzar los 5 millones de euros y exige que se cumpla la moción de Cs aprobada en abril que exigía el retorno cuando hubiera sentencia del Tribunal Constitucional

El concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sabadell, José Luís Fernández, ha pedido al equipo de gobierno que “ponga en marcha de inmediato los mecanismos” que permitan a los contribuyentes reclamar y recuperar cuanto antes el importe de las plusvalías pagadas en compraventas de inmuebles sin beneficios, anuladas ya de forma definitiva por una sentencia del Tribunal Constitucional (TC). El edil ha recordado que el gobierno local debe “estar preparado para modificar la ordenanza municipal y afrontar los pagos”, una vez ha habido sentencia definitiva del Tribunal Constitucional. De lo contrario, “podría ser un auténtico caos cuando empiecen a producirse las reclamaciones”. En nuestra ciudad, la suma de cobros indebidos en los últimos 4 años podrían alcanzar los 5 millones de euros, según estima Fernández. 

José Luís Fernández ha advertido que desde Cs “no se admitirán excusas del gobierno municipal en este tema”, ya que “es dinero de los ciudadanos, muchos de ellos forzados a vender con pérdidas por las circunstancias de la crisis”. Además, el representante de la formación naranja ha recordado que el consistorio“está en una situación económica saneada”, lo que le permite “afrontar este gasto inmediatamente “. Según las cuentas municipales, actualmente existe un superávit de 34 millones de euros. En opinión del edil, “es un coste moderado, muy por debajo de algunas expropiaciones que ha tenido que asumir recientemente el consistorio”.

De hecho, el pleno municipal de abril dio luz verde a una moción, a instancias de Ciutadans, en la que se acordaba reclamar al Gobierno que reforme la ley con urgencia, eliminando las plusvalías cuando no hay un incremento del valor del suelo. La proposición también pedía al Estado que incluya en los Presupuestos Generales de 2017 una partida para compensar a los ayuntamientos “que no tienen por qué asumir las consecuencias de una regulación estatal incorrecta”, ha señalado Fernández. El Congreso de los Diputados ya aprobó hace dos meses, también a propuesta de Cs, que las familias afectadas puedan recuperar su dinero y que se reforme la norma para acabar con este impuesto inconstitucional y confiscatorio.