En 2007, cuando en la Generalitat aún gobernaba el tripartito desde la Conselleria d´Economia i Finances de la Generalitat de Cataluña se crea la Agencia Tributaria de Cataluña, esto no lo hizo un conseller de ERC sinó el honorable Antoni Castells i Oliveres que nombró el PSC.
Las diputaciones tienen unos organismos de recaudación tributaria que se encargan de recaudar los impuestos propios de los municipios pequeños y de recaudar las multas de tráfico cuando el infractor es de un municipio distinto al que se le ha impuesto la sanción. El objetivo político del nacionalismo ha sido su desaparición como residuo de la administración centralista que tomó su forma definitiva en el año 1833 de la mano de Javier de Burgos. Esto perduró hasta que como consecuencia de las últimas elecciones, las 4 diputaciones provinciales pasaron a manos de CiU y su primer paso fue consorciar sus organismos de gestión tributaria para que funcionaran como meros apéndices de la Agencia Tributaría de Cataluña, no para ofrecer un mejor servicio al ciudadano sino para ampliar una estructura de estado y que pueda servir para la insumisión fiscal. Llegados a este punto nos surgen dos preguntas obvias: ¿cómo el PP que entonces gobernaba la diputación de Barcelona junto a CiU permitió este acuerdo? ¿sería por falta de información cuando en todos los diarios los partidos nacionalistas manifestaban que esta era su intención? La conclusión es que la lista de “tontos útiles” al nacionalismo catalán es larga.
Pasando al tema de como con la mezcla de una inversión económica brutal de dinero público más la dimisión de sus obligaciones del Ministerio de Hacienda hace que la insumisión fiscal sea impune. Lo que proponen las diversas plataformas promotoras con la complicidad de la Generalitat de Cataluña es una trampa que ya hacen solo unas decenas de particulares y empresas a pesar de toda la propaganda y facilidades. Consiste en ingresar los impuestos a pagar unos días antes en una cuenta de la “Agencia Tributaria de Catalunya” y ésta utiliza un mecanismo, pensado para ayudar al contribuyente y degradando a la Generalitat al nivel de una mera gestoría, ella posteriormente lo ingresa en tiempo y forma en la hacienda estatal.
Esto es fraude de ley, un abuso realizado de manera pública que nos suscita la pregunta de qué hace el Ministerio de Hacienda permitiendo este subterfugio, pero que no tiene ninguna tolerancia cuando un particular se retrasa mínimamente en el pago de algún impuesto. Preocupa esta tendencia a no cumplir la ley de nuestros respectivos gobiernos y de ser fuertes, solo con los débiles.
Los ayuntamientos, no deben entrar en el juego de incumplir la ley y no dar un ejemplo de insumisión fiscal a una ciudadanía a la cual piden un gran esfuerzo y a la que no consentirían que sus habitantes dejaran de pagarle sus impuestos y se los ingresaran a otra administración porque no están de acuerdo en algo de lo que hace el Ayuntamiento.
En el aspecto práctico nuestras ciudades no están en condiciones de realizar un ingreso por adelantado a ninguna administración y negar el disfrute de los intereses de ese dinero que puede ayudar a pagar a un proveedor en plazo y en todo caso es dinero de sus vecinos que debería ser cuidado con celo por todos los consistorios y no proponer que sea objeto de una administración como mínimo descuidada.
Cómo ejemplo de un municipio medio de la conurbación barcelonesa pondremos a Sabadell. Para que nos hagamos una idea del volumen de dinero que representan estos ingresos que ingresa el Ministerio de Hacienda de manera puntual en este ayuntamiento y los cuáles pone en riesgo esta propuesta, son el segundo ingreso del ayuntamiento después de los impuestos directos y representan una cuarta parte del presupuesto municipal. Con este dinero se pueden pagar sobradamente antes de que sus ciudadanos paguen impuestos, los siguientes servicios.-
• Colegios públicos de Sabadell, conserjería, limpieza, mantenimiento y calefacción.
• Iluminación viaria.
• Limpieza de las calles.
• Recogida de basuras.
• Subvención municipal a los autobuses.
Aquí están comprometidos la mayoría de los grandes servicios propios que tiene que dar un Ayuntamiento.
¿Qué pasaría si el Estado decidiera actuar igual y en lugar de ingresar el dinero en nuestros ayuntamientos se “equivocara” y los dejará en una cuenta de la “Agencia Tributaria de Catalunya” y pasaran a ser en la práctica ingresos de la Generalitat?. Qué sugieren los grupos promotores de la insumisión que deberíamos hacer: ¿dejar de recoger las basuras?, ¿dejar de limpiar y apagar la iluminación de las calles? ¿cerrar los colegios? ¿cómo alternativa a todo lo anterior propondrían una rebaja de dos tercios del sueldo de sus empleados municipales?
Excluimos la posibilidad de que la Generalitat, morosa impenitente cuando se trata de los servicios a los ciudadanos, pagara ese dinero de forma inmediata cuando los servicios que debe pagar porque los ayuntamientos los prestan por ella no los paga poniendo en peligro tanto las finanzas municipales como la continuidad de estos servicios.
Es la historia de siempre, no pagar los servicios a los ciudadanos, seguir ampliando el entramado político y mantener unos medios de comunicación públicos y concertados destinados a desviar la atención de los problemas y envolverlos en una gran estelada.
José Luis Fernández
(Regidor C’s Sabadell)