C’s pone en conocimiento del Alcalde y del equipo de Gobierno que no se puede ceder el padrón municipal para consultas ilegales.
   La agrupación local de C’s ha presentado una instancia informando de la ilegalidad que cometería el Consistorio si cediera el padrón municipal para la consulta independentista fijada para el próximo 9 de Noviembre.
   La cesión de los datos del padrón se contempla legalmente en dos supuestos: el del ejercicio de sus respectivas competencias o en la elaboración de estadísticas oficiales, sometidas al secreto estadístico, en los términos que regula la ley; y ninguno de estos casos es el que nos ocupa.
   Los datos personales de los ciudadanos pertenecen a cada ciudadano, que los cede a las administraciones públicas para unos fines que ya se conocían en el momento de la cesión.
   La legislación catalana, española y europea protege la intimidad y los datos personales, en el caso de una administración pública la legislación establece que se pueden compartir datos personales con otros organismos si estaba previsto en el momento de la recolección de los datos (el llamado principio de finalidad) o en caso de competencia específica. Es evidente que ninguno de estos supuestos se da para la entrega del padrón municipal para su uso en una consulta independentista para la cual la Generalitat no tiene competencias y por lo tanto es ilegal.
   Desde C’s esperamos, como no puede ser de otra manera, del/el cumplimiento de nuestro/as marco jurídico/leyes, en el caso que nos ocupa, tanto de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), como de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), así como de la misma ley de consultas de la Generalitat de Cataluña
   Por la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos de Sabadell, como son la protección de datos consagrado en el artículo 18 de la Constitución Española, la agrupación de C’s informa y exige el cumplimiento de la ley. Y como ciudadanos nos reservamos contra quienes vulnerasen nuestro derecho a la protección de datos personales o cualquier otro deber de secreto aplicable, las acciones de exigencia de responsabilidad tanto administrativa como en su caso penal que procedieran por el uso fraudulento de nuestros datos.